Ecologista o solidario, esa es la cuestión.

Convendrán conmigo en que nadie aceptaría instalar un cementerio de residuos nucleares si ello no reportara algún beneficio, directo o indirecto. O lo que es lo mismo, nadie permitiría la construcción de un Almacén temporal centralizado (o ATC) sólo para decorar el paisaje o ver pasar los camiones cargados de residuos por las carreteras del pueblo.

A las centrales nucleares nadie las quiere pero haberlas haylas y producen residuos aunque la gente mire para otro lado. Cerrar los ojos y taparse la nariz no impide que las centrales sigan produciendo residuos. La postura ecologista, arropada por diversos partidos políticos, que se ha desplegado en estos días con motivo de la ubicación del futuro almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, es una prueba de insolidaridad. Negar la instalación de un ATC en la propia comarca implica que será otra quien deberá soportar la carga y el riesgo; si la negativa fuera generalizada en todas las administraciones españolas, incluyendo la del Estado, ¿qué haríamos con los residuos? ¿tendríamos que transportarlos a otros países con mayor gasto e igual perjuicio para las poblaciones donde se hallaren esos ATCs? ¿Y si esos países se negasen a correr los riesgos ajenos y se concentrasen sólo en los propios?

Si todos los países desarrollados adoptasen esa posición verde, al final serían los de siempre quienes cargasen con nuestros desechos, los países en vías de desarrollo. Lo mismo que hacen las multinacionales que se despliegan allí donde existen menos obstáculos laborales, ecologistas y administrativos para hacer aquello que no les permiten sus propios Estados, se haría con los cementarios nucleares. En el primer caso se emplearían a niños para trabajar 14 horas diarias por salarios ínfimos para producir zapatillas deportivas de diseño a precios competitivos. En el segundo caso, los ATCs se construirían bajo mínimas medidas de seguridad y estarían operados por profesionales escasamente cualificados; los beneficios económicos irían al jerarca corrupto de turno a quien le importaría tres pimientos que sus compatriotas muriesen de hambre, de radiación, de disentería o atropellados por un concursante del rally París-Dakar.

Un oficio ingrato: defensor de Zapatero.

Desde siempre numerosos oficios han estado socialmente estigmatizados, por reportar a quien los ejercía cierto desprestigio. Recuérdese esa película de Berlanga, llamada “El Verdugo”, en la que se narraban las peripecias del verdugo de la Audiencia de Madrid, José Luis, que en una escena memorable, es llevado a rastras al garrote vil, para cumplir con su cometido, como si él mismo fuese el condenado.

Los tiempos que corren están colocando a un oficio dentro de esta categoría: el de defensor profesional de Zapatero. Los aduladores de turno del Presidente del Gobierno han de hacer de tripas corazón para defender su política en los programas en los que participan; una política cargada de vaivenes, rectificaciones, desmentidos, desautorizaciones y surrealismo económico. En estos días, ZP se deja venir con medidas antisociales cuando no hace mucho las había rechazado. Entonces tal vez hubiera estado a tiempo de enderezar el rumbo de la economía española. Ahora que ve que el vagón español se queda rezagado, más bien descarrilado, de la locomotora alemana y aprecia en sus cachetes cómo le abofetean en Europa, decide, una vez más, desdecirse, avanzar recortes multimillonarios y aumentar la edad de jubilación.

Mariá Antonio Iglesias

Los defensores de Zapatero tendrán que hacer un nuevo esfuerzo, si cabe, para defender lo indefendible. De seguir así, no pasará mucho tiempo antes de que veamos a los Enric Sopena, Jorge Verstrynge, Iñaki Gabilondo, María Antonia Iglesias entrar en los platós de televisión custodiados, como en la película de Berlanga, por una pareja de la guardia civil para que no se escapen. Aunque no me imagino yo a esta gente corriendo por los montes perseguidos por la Benemérita ni arrojándose de trenes en marcha como El Lute. No tienen por qué. El tren en el que van subidos, conducido por Zapatero, se dirige directo al precipicio. Él solito.

El Foro de Davos no es la Montaña Mágica

Al igual que en la novela “La Montaña Mágica” de Thomas Mann, la ciudad de Davos se ha convertido, por unos días, en un centro mundial para el tratamiento de enfermos, no de tuberculosis, como en la novela, sino de hipotecas tóxicas, endeudamiento público, inoperancia, y fórmulas financieras desastrosas. Tras el descubrimiento de la penicilina, en 1950, Davos tuvo que reciclarse y convertir aquellas instalaciones donde se reflexionaba sobre la vida y la muerte, ante la inminencia de esta última, en atrayentes complejos turísticos, donde acudían millonarios y financieros. Y como quien no quiere la cosa, aprovechando la exclusividad de lugar, alguien tuvo la idea de organizar un congreso de administración de empresas, que a fuerza de repetirlo, acabó siendo rebautizado, en 1971, como Foro Económico Mundial con sede en Ginebra, y cuya Asamblea Anual se celebra en Davos. Hoy acuden a dicho foro líderes mundiales y esas personas a quienes, no sé, si por halagarlas o desprestigiarlas, se denominan “gurus de las finanzas”.

Aunque los tiempos han cambiado, el escenario es otro, y pese al mensaje de esperanza que subyace en la novela de Thomas Mann, el foro de Davos que tiene lugar estos días, me sigue oliendo a muerto. Porque, si se reúnen tantas cabezas pensantes desde 1971, ¿nadie se percató del desastre que se avecinaba? ¿a que fueron entonces, a disfrutar solamente del aire prodigioso de la Montaña Mágica? Las palabras de Zapatero pronunciadas ante la Asamblea, el pasado día 28 de enero, demuestran que cualquier incompetente puede hablar de aquello que rigurosamente ignora; y eso mismo debió ocurrir en los años precedentes. Así se explica todo.

Inmigración e hipocresía administrativa.

Con motivo de la polémica surgida por la negativa del Ayuntamiento de Vic a empadronar a inmigrantes sin permiso de residencia, alguien de las altas esferas se ha dado cuenta de que hay algo en nuestro sistema que chirría, la normativa sobre inmigración. No soy dado a contar en mi blog mis batallitas, pero puesto que me he me dedicado muchos años a la abogacía de extranjería, he pensado que podía, sin que sirva de precedente, contar algunas de mis surrealistas experiencias profesionales, amén de dar mi opinión sobre lo que todo el mundo sabe per nadie cuenta.

En España existen normas de extranjería de por sí más mutables que cualquier otra normativa, sujetas más que ninguna a los vaivenes políticos. Esta normativa se compone, principalmente, de dos normas, la Ley Orgánica y su Reglamento, que consagran un sistema incongruente que posibilita prácticas todavía más estúpidas que ahora paso a exponer.

En primer lugar, la Ley y el Reglamento establecen una evidente contradicción. Se prohíbe la estancia irregular, pero si el extranjero consigue demostrar su estancia intinterrumpida en España durante tres años y dispone una oferta de trabajo o precontrato, puede obtener una autorización de residencia por arraigo. Es uno de los pocos ejemplos que existen en nuestro Derecho de reconocimiento de la propia incompetencia administrativa desde la misma norma. Realmente, lo que significa el arraigo es que si un inmigrante es tan inocente como para vivir públicamente en España, creando una serie de pruebas autodelatoras (como empadronarse en una localidad), durante tres años, y la Administración es tan torpe como para no detenerlo y abrirle un procedimiento de expulsión, el inmigrante consigue transformar su ilegalidad inicial en legalidad.

Siempre me ha resultado chocante que sea un requisito indispensable para obtener dicho arraigo y, en general, cualquier autorización que habilite a trabajar, disponer de una oferta de trabajo, cuando todo el mundo sabe que esta es una cuestión que se presta fácilmente al fraude. Los inmigrantes que tienen más amigos, o más dinero, pueden buscarse a un empresario que le haga un contratito a cambio de alguna prebenda o simplemente compensándole de los gastos de seguridad social. En este sentido, nuestro sistema, consagra un fraude, ante las narices de una Administración que prefiere hacer como los monos de Gibraltar.

Por su fuera poco, nuestra normativa no sólo se compone de la Ley y el Reglamento, sino que la práctica diaria se basa en órdenes y circulares administrativas y en las propias normas de funcionamiento que tiene cada Oficina de Extranjeros, que varían de una provincia a otra, y de un día para otro. Así, en Málaga, tal día como hoy se requiere cita previa para presentar la solicitud, que te conceden a la semana de pedirla, con un plazode espera de unas tres semanas (hace un año el tiempo de espera era de unos dos meses). Esto puede resultar inquietante, teniendo en cuenta que en otras Oficinas de Extranjeros españolas, la cita puede ser casi inmediata o casi se prescinde de ella por haber personal administrativo suficiente. Más que anecdótico, este tiempo de espera produce mucho desasosiego entre los inmigrantes y, por supuesto, una gran inseguridad jurídica. Imaginemos que un inmigrante cumple todos los requisitos para solicitar y obtener el arraigo. Como es sabido, una vez solicitada dicha autorización, el extranjero no puede ser expulsado mientras no se resuelva su solicitud; pero hasta entonces, durante ese periodo de espera de la cita previa, podría ser detenido y expulsado por procedimiento de urgencia, pese a que ya ha solicitado cita previa y que sea culpa de la Administración el que no hubiera sido atendido. Yo siempre decía a mis patrocinados que, al menos, durante este tiempo de espera, procurasen pasar desapercibidos, a lo que me respondían que siendo negros en un país de blancos, eran un blanco demasiado fácil. Cuando ocurría la desgracia, y eran detenidos, explicar al juez de instrucción de turno, quien debía decidir sobre el internamiento, no siempre era fácil. Explicar que la Administración funciona requetemal a un miembro de otra Administración, la de Justicia, que funciona requetepeor era tomado como una afrenta personal.  Aun así, muchos fueron rescatados de esa maquinaria administrativa que se mueve como una gallina sin pescuezo.

La práctica diaria ofrecía contradicciones constantes. Así, durante un tiempo, para solicitar el arraigo bastaba con que el inmigrante portara un precontrato de un empleador. Luego, alguien se dio cuenta que eso era demasiado fácil y que podía dar lugar al fraude, por lo que se exigió que el solicitante fuera acompañado del empleador en persona. Podía ser coherente. Pero ahora, meses más tarde, se vuelve a admitir la solicitud sin la presencia del empleador. Entonces, ¿cómo debemos interpretar eso? ¿Que los administrados se han vuelto, de pronto, honrados? ¿O que la Administración prefiere hacer la vista gorda, otra vez?

Otro cambio de criterio demasiado llamativo era el tratamiento dispensado a las órdenes de expulsión. Durante un tiempo se exigió que para ser admitida una solicitud arraigo, el solicitante debía tener un expediente administrativo limpio, es decir no tener ninguna orden de expulsión pendiente de ejecución. Esto en sí mismo era algo absurdo pues el arraigo presupone que el solicitante está en España irregularmente, entonces ¿qué importaba que tuviera o no una orden de expulsión pendiente, si de todas formas era evidente que residía irregularmente en el país? De modo que el inmigrante, teniendo cerrada la vía del arraigo, se veía forzado a acudir a los tribunales para que se le revocase la expulsión y una vez revocada, solicitar el arraigo. Ello significaba estrellarse de bruces contra la jurisdicción contencioso – administrativa, la más lenta de todas, amén del dispendio en costas procesales para sostener los pleitos. Pues bien, actualmente, se ha cambiado el criterio y la Administración, por lo menos en Málaga, admite solicitudes de arraigo aun cuando se tengan ordenes de expulsión pendientes, por lo que nos encontramos que muchos solicitantes, que todavía están esperando su juicio, se han gastado una suma importante para poder demandar a la administración y ahora su pleito va a quedar privado del objeto.

No me extiendo más. Ya que ha surgido, en estos días, el tema de las incongruencias legislativas sobre la inmigración, sería conveniente hacer las reformas necesarias, tomando en cuenta el ordenamiento jurídico como un Todo armónico que no permita tantas grietas y vías de agua como hasta ahora han venido apareciendo. Agradezco no ser inmigrante en España, porque si lo fuera sabiendo las cosas que sé me causaría una inquietud insoportable.

Las fuerzas de mercado devoran la Europa del Este

Estado actual de la Ampliación de la Unión Europea. Fuente: Wikipedia

Al hilo de la veloz expansión de la Unión Europea hacia el Centro y Este de Europa, me he preguntado muchas veces si las apresuradas ampliaciones que se suceden desde 2004 favorecían realmente a los nuevos países miembros o, más bien, a los países poderosos de la UE que supuestamente habrían de cargar con los elevados costes de la cohesión. Es un hecho objetivo que cada nueva ampliación ofrece mayor contraste entre los países ya miembros y los nuevos socios; contraste no sólo en la evidente esfera económica sino en la de los derechos humanos y políticos. Dejando fuera, por un momento, a los países del Este, otro ejemplo de contraste tuvo lugar con la adhesión de España y Portugal en 1986, y un poco antes con la adhesión de Grecia (1981). Sin embargo la diferencia entre aquellas adhesiones y las de ahora son evidentes. La UE tuvo alrededor de 20 años para digerir esas incorporaciones, contando en ese camino con la ayuda de nuevos socios ricos que venían a aportar fondos e infraestructuras propias que contribuían a elevar el nivel general de bienestar, como  Austria, Finlandia y Suecia que se convierten en miembros de la UE en 1995. Aquellos socios pobres de los años 80 estaban insertos en el mundo capitalista y libre mercado desde hacía decenios y, en el caso de España, con grandes empresas muy bien posicionadas tanto en el país como en su zona de natural expansión, Iberoamérica, capaces de afrontar las embestidas de las multinacionales europeas y las fuerzas de mercado invasoras.

Cuando se plantea seriamente la ampliación hacial el Este, una vez comprobado que el desmantelamiento socialista no tenía vuelta atrás, las temidas fuerzas de mercado fueron objeto de discusión. A comienzos de los años 90, poco tiempo después de que los tanques soviéticos ocuparan, amenazantes, la capital de Lituania, Vilnius, y de que la cruz roja comunista fuera retirada del edificio del Parlamento Húngaro, la UE había de responder, razonadamente, a esos nuevos Estados libres que llamaban insistentemente a la puerta de Europa. Esa respuesta se dió en el seno del Consejo de Europeo de Copehague, celebrado en junio de 1993, cuando se fijaron los criterios que habrían de cumplir los aspirantes a la adhesión; unos criterios pensados para países que procedían de regímenes totalitarios, donde los derechos humanos y políticos presentaban un incuestionable déficit, y que padecían economías desestructuradas e inviables en un sistema de libre competencia. Para adherirse a la UE, los aspirantes debían -y deben- cumplir tres criterios:

el criterio político: la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías;

el criterio económico: la existencia de una economía de mercado viable, así como la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión;

el criterio del acervo comunitario: la capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, especialmente aceptar los objetivos de la unión política, económica y monetaria.

Tendriamos que preguntarnos hasta qué punto estos criterios han sido realmente cumplidos, porque es obvio, transcurridos pocos años desde la enorme ampliación de 2004, que el criterio económico era solamente un requerimiento formal que en nada ha acompañado a la realidad. ¿Alguien puede ser tan iluso de creer que la mayoría de nuevos miembros estaba en codiciones, entonces, de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas de mercado y cumplir el criterio económico? ¿En apenas 15 años desde la caída de Muro de Berlín y el desmantelamiento del comunismo hubo tiempo de construir sólidas economías de mercado en el solar del antiguo COMECOM? Es evidente que eso era materialmente imposible, y lo que sí hubo fue un interés político desmedido de ampliar hacia el Este, tanto por parte de los países aspirantes, cuyos gobernantes vendieron la estrategia de la adhesión como una panecea contra todos los males, como por parte del núcleo duro de la Unión (Alemania y Francia) interesado en abrir nuevos mercados fagocitando las industrias locales potencialmente rentables (vid. mi entrada, “Serbia presenta su candidatura para la adhesión a la UE: otro cordero para el matadero”). Sin ir más lejos los bancos del Centro y Este de Europa fueron privatizados, en su mayor parte, mediante la venta, vía negociación directa con el gobierno o a través de subasta pública. Según Bogdan C. Enache, en la actualidad, la mayoría de bancos de la región -especialmente en los países ahora miembros de la Unión Europea- son propiedad de grandes grupos de Europa occidental, como el Raiffeisen Zentralbank o Erste Bank de Austria, el Swedbank sueco, Société Générale de Francia, Unicredit de Italia, KBC belga, Bayern Landesbank alemán y otros. Lo mismo cabría predicar de otros sectores básicos.

Los sistemas democráticos están basados en el imperio de las formas. Las decisiones de la autoridad, ora en modo de sentencias judiciales ora de resoluciones administrativas han de estar motivadas por muy estúpidas, ilógicas e inmorales que parecieren. Lo importante es tener argumentos legales y fácticos en qué basarse so pena, caso contrario, de caer en la prevaricación, la incogruencia o la nulidad. No pocas veces hemos visto como los objetivos políticos se consiguen gracias rebuscados pretextos jurídicos o económicos. La ampliación sin precendentes de 2004, y con mayor motivo, la de 2007, fue un objetivo político-económico que utilizó como fundamento ese instrumento jurídico denominado “Criterios de Copenhague”. Como demostración, baste comparar los halagüeños informes periódicos de la Comisión Europea sobre los progresos de los candidatos, que acabaron con dar luz verde a la adhesión, con la deplorable situación en que se hallan ahora esas economías, que no han resistido el primer asalto de la crisis económica mundial, esa excusa universalmente aceptada para disfrazar errores y negligencias propias. El Fondo Monetario Internacional ya ha rescatado de la bancarrota a Hungría, Rumanía, Polonia y Letonia y no están lejos otras intervenciones sobre esos mismos países u otros de la región.

Visto el panorama no faltarán los euroescépticos, cuyo número irá creciendo a medida de que las fuerzas de mercado occidentales devoren los despojos de esa Europa que surgió del frío. Esos euroescépticos no serán ya estirados británicos, concentrados como de costumbre en sus entrañas insulares, sino rumanos, húngaros, polacos y estonios que habrán despertado, súbitamente, de su plácido sueño europeo.

Sucesivas ampliaciones de la Unión Europea. Fuente: Wikipedia